La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) cree que el cambio de criterio del IVA que estudia el Gobierno puede ser “contraproducente” para las empresas a las que pretende beneficiar, que son las que facturan menos de dos millones de euros al año.

En un comunicado, la organización ha explicado que este cambio puede perjudicar a estas micropymes y pequeñas empresas, “pues es probable que sus potenciales clientes puedan preferir contratar con el resto de empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja con el objetivo de poder pagar a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado”.

Por ello, la PMcM ha recomendado que el cambio del IVA se amplíe a todas las empresas independientemente de lo que facturen “o, al menos que se acote su calendario de aplicación”. No obstante, la plataforma ha apuntado que, si no se incluyera a todas las empresas sin excepción, “sería necesario aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA para que sea el deudor moroso el pague el impuesto de la factura”.

Según el presidente de la organización, Antoni Cañete, esta propuesta podría ser una “solución factible” para que las compañías no se vean obligadas a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros.

Cañete entregó en mano esta propuesta junto a otro paquete de medidas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien le avanzó que esta idea no podrá ser implementada técnicamente durante este ejercicio, aunque le aseguró que la analizará “en profundidad”.

LEY PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGUEN ANTES DE 30 DÍAS

Durante el encuentro, Montoro también indicó a Cañete que está intentando poner en marcha una ley antes de que finalice el año para que las administraciones públicas que no paguen antes de 30 días tengan que hacer frente a recargos por sus impagos.

La PMcM ha celebrado esta iniciativa, aunque ha matizado que, de no hacerse extensiva la norma al ámbito privado, “se volvería a dinámicas de demoras por parte de la asimetría entre los clientes y los proveedores”.