LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ El secretario de Estado, Tomás Burgos, advierte a los profesionales de que puede utilizar los Presupuestos Generales del Estado para aumentar su recaudación.

El Gobierno quiere aumentar el número de empresarios y trabajadores autónomos que cotizan a la Seguridad Social por bases superiores a lo que es la aportación mínima. Es decir, la base mínima es de 850,20 euros mensuales, que aplicado el tipo, se quedan en una aportación de 256 euros a la Seguridad Social.

Para ello, el Ejecutivo está dispuesto a negociar con las organizaciones del sector, pero también a actuar con los Presupuestos Generales del Estado, y buscar la forma de obligar a la inmensa mayoría de este colectivo social a aumentar su aportación a la Seguridad Social.

Los objetivos finales de esta medida son dos: el primero es mejorar la recaudación, y más en un momento de grave recesión como el actual, reforzando la contribución de un grupo social que ocupa a más de tres millones de personas. El segundo objetivo es mejorar la pensión que debe tener el trabajador autónomo al final de su vida laboral; incrementando la relación entre los ingresos por cotizaciones sociales y la pensión final.

Así se lo dijo ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Junta Directiva de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). “Es necesario adecuar la cotización de los autónomos a la realidad, y mejorar la relación entre los ingresos [del profesional] y su cotización a la Seguridad Social”.

Toda una vida laboral

El secretario de Estado recalcó que “el 82% de los autónomos cotiza actualmente por la base mínima, y el 67% lo hace durante toda su vida laboral”.

En un momento en el que la Seguridad Social ha perdido en seis años de crisis más de tres millones de afiliados cotizantes, y que el propio régimen de autónomos “ha perdido en torno al 10%” de sus miembros.

Burgos dejó claro así que una buena parte de los empresarios y trabajadores autónomos pasan la vida laboral con una aportación a la Seguridad Social sustancialmente más baja que sus ingresos. Sin embargo, cuando llega la hora de cobrar la pensión obligan al sistema de protección a prestarles una ayuda para que su prestación pueda siquiera llegar a igualar a la mínima. Lo que se conoce como complementos de mínimos que, a partir de este mismo año, pagan los impuestos, en lugar de las cotizaciones sociales. O bien, elevan de forma relevante su cotización en los últimos años de la vida laboral.

Por todas estas razones, Burgos dijo que el Gobierno quiere resolver este problema. Bien “desde la pedagogía y el convencimiento, de que es bueno incrementar las aportaciones a la Seguridad Social para garantizar mayores pensiones en el futuro”. Bien, “desde las obligaciones legales” definidas en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Todos los años, el Gobierno fija las bases de cotización de las empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Tanto las máximas –3.262,50 euros mensuales– como las mínimas, que son 850,20 euros mensuales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, mostró la disposición del sector a negociar con el Gobierno “para adecuar las cotizaciones sociales a los ingresos reales” de los autónomos, con el fin de mejorar el equilibrio entre las contribuciones de quienes más ingresan y las de quienes tienen más dificultades para pagar sus obligaciones.

Amor pidió al Ejecutivo que tenga en cuenta que, si bien hay profesionales con elevados ingresos que aportan poco a la Seguridad Social, también hay autónomos que, difícilmente, pueden hacer frente a las bases mínimas de la Seguridad Social.

“Hay que ver fórmulas para adecuarlo por el bien de todos. Y por eso es tan importante hablar con propiedad de lo que se hará con el sistema, porque para pedir esfuerzos al contribuyente hay que garantizar también que serán recompensados mañana”, dijo el dirigente de ATA.

Dentro, incluso, de la nueva reforma contenida en el factor de sostenibilidad, Amor apuntó que “el Gobierno tiene todo nuestro apoyo para buscar la sostenibilidad financiera del sistema. Los autónomos aportaremos todas las propuestas para la viabilidad del sistema y para garantizar las pensiones a nuestros jubilados, que hoy son un millón, pero mañana serán tres millones. Nuestra voz se tiene que escuchar en temas tan sensibles como éste”, dijo Amor. Burgos declaró también que el Gobierno “agotará todas las posibilidades” antes de recurrir al Fondo de Reserva de las pensiones.

Por lo menos, para no hacerlo en la paga extraordinaria de junio. El año pasado sí tuvo que hacerlo por un valor total de 3.000 millones de euros. En todo caso, Burgos afirmó que, si finalmente fuera necesario, “el Fondo de Reserva está previsto para que se cubran todas las obligaciones y compromisos del sistema con los pensionistas actuales”.

 Almunia: La falta de consenso no debe parar la reforma de pensiones

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, dijo ayer que los responsables políticos no tienen derecho a “mirar para otro lado” en la reforma de las pensiones y ha animado afrontar este asunto y “tratar de consensuarlo con los interlocutores sociales y económicos”.

En la conferencia ¿Cómo crecer?: Dilemas económicos y políticos, en Málaga, Almunia subrayó que la reforma debe ser precedida por el consenso, pero en caso de que sea imposible, ello “no debe paralizar la acción”. Almunia aludía a la presentación del informe de los doce sabios acerca del factor de sostenibilidad, el pasado viernes, en el que se planteó que la pensión inicial variara con la esperanza de vida y que su cuantía pudiera actualizarse por debajo de la inflación. “Si se mira de frente el futuro del sistema de pensiones dentro de 10 ó 15 años, hay un horizonte diferente al de cinco años”, apuntó, urgiendo a la reforma.

En su opinión, el indicador de sostenibilidad es una “señal de alerta” del desequilibrio de del sistema de pensiones español, que ha sufrido un gran “shock por la brutal caída de empleo de los últimos años”. E insistió en que la esperanza de vida seguirá en aumento. Sin embargo, a corto plazo se mostró reacio a rebajar las pensiones para atajar el déficit porque, por el momento “el sistema de pensiones no genera mucho déficit y ese ahorro no resolverá los problemas de deuda”.

El vicepresidente de la Comisión alerta del desequilibrio causado por la brutal pérdida de empleo